Artículo de opinión
Por: Daniela Hurtarte

Hay países que esperan la inversión y hay países que la construyen. Guatemala perteneció al primer grupo por varios años, pero el panorama está cambiando y no solo en forma retórica: se refleja en la infraestructura, en reformas legales impulsadas desde el Estado, en la creación de agencias especializadas como la Agencia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa – ProGuatemala o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y en las decisiones del sector privado que apuesta con capital propio al futuro del país.

El argumento parte de los fundamentos macroeconómicos, porque sin ellos el resto de los avances difícilmente podrían sostenerse en el tiempo. Guatemala mantiene la deuda pública neta más baja de América Latina, equivalente a alrededor del 27% del PIB[1], un nivel que las calificadoras de riesgo país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) citan de forma consistente como una de las relaciones deuda/PIB más sólidas de la región. El país acumula además años consecutivos de superávit en cuenta corriente y mantiene reservas internacionales que superan los USD$32,700 millones[2]. Además, la moneda de Guatemala se encuentra entre las más estables de la región y la inflación permanece bajo control. Las calificadoras S&P y Moody’s asignan al país las notas BB+ y Ba1 respectivamente, ambas con perspectiva estable, a un solo escalón del grado de inversión[3]. Para cualquier inversionista que conozca la historia fiscal de la región, estas cifras no son menores, son el tipo de perfil que se busca cuando se quiere que un contrato firmado hoy conserve su valor dentro de diez años.

Sobre esa base, Guatemala captó USD$1,881.7 millones en inversión extranjera directa durante 2025, un crecimiento del 8.8% frente al año anterior[4], en un entorno global donde varios mercados emergentes registraron contracciones o ajustes en sus flujos de capital. La tendencia tampoco parece accidental, desde 2024 el país cuenta con una Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y con ProGuatemala como la Agencia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa, señales de que la atracción de capital externo dejó de ser una aspiración para convertirse en política de Estado.

Con todo, los fundamentos macroeconómicos son condición necesaria, pero no suficiente. El diferencial más relevante de Guatemala en los próximos años es la infraestructura.

El programa de modernización de Puerto Quetzal, financiado por Guatemala y desarrollado con apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE), es uno de los proyectos más relevantes del momento que vive el país[5]. Además de que busca duplicar la capacidad del principal puerto del Pacífico guatemalteco y reducir los tiempos de espera, ilustra un modelo: infraestructura cofinanciada entre socios estratégicos, con estándares de seguridad y de la cadena de suministro internacionales.

En un mundo donde la reconfiguración de cadenas productivas globales, impulsada por tensiones geopolíticas, aranceles y la búsqueda de resiliencia, empuja a las empresas a diversificar su manufactura fuera de Asia, un puerto moderno en el Pacífico centroamericano deja de ser un lujo y se convierte en infraestructura crítica. Un Puerto Quetzal ampliado representaría, para exportadores e importadores de Norteamérica y de otros socios comerciales de Guatemala, una alternativa real frente a rutas más largas y costosas.

A esto se suma la reforma al Sistema Portuario Nacional, mediante las iniciativas de ley 6527 y 6541, que el Congreso aprobó en tercera lectura en abril de 2026 con un respaldo amplio de 118 de los 124 diputados presentes. La normativa busca modernizar la gobernanza portuaria y elevar los estándares de seguridad a niveles internacionales, aunque aún se encuentra en proceso de discusión de enmiendas y redacción final antes de su sanción. Un marco portuario transparente y seguro no es solo una victoria para el comercio y la atracción de IED: es también una contribución a la seguridad regional.

La inversión en infraestructura fluye hacia marcos que ofrecen certeza y Guatemala acaba de dotarse de uno mejor. El Decreto 21-2025, que reforma la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Decreto 16-2010) y entró en vigor en enero de 2026, transforma a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el eje de una segunda generación de proyectos de alianza público-privada. La reforma contó con apoyo del Programa de Desarrollo del Derecho Comercial de Estados Unidos (CLDP), lo cual sugiere que el marco legal se diseñó conforme a estándares que el capital estadounidense e internacional reconoce.

No toda la infraestructura que impulsa el desarrollo de un país necesariamente proviene del Estado. Un ejemplo reciente es Xochi, Corredor de las Flores, una autopista privada de cuatro carriles y más de 30 kilómetros que conecta San Antonio Suchitepéquez con Retalhuleu. La obra, financiada íntegramente por inversionistas guatemaltecos, entró en operación el 14 de junio de 2026, después de casi tres años de construcción. Más allá de la carretera, el proyecto refleja algo que las cifras de IED no siempre muestran: la confianza del capital nacional en el futuro del país.

Guatemala reúne hoy una combinación de atributos que rara vez se presenta de forma simultánea: solidez fiscal, estabilidad macroeconómica, un marco legal renovado para las APP, proyectos portuarios estratégicos en marcha, capital privado comprometido y una ubicación geográfica que la posiciona como puerta de entrada entre Norteamérica y el resto de la región.

En un mundo que reorganiza sus cadenas de suministro en busca de alternativas más cercanas y confiables, Guatemala tiene argumentos concretos para competir. El desafío no es convencer a los inversionistas de que el país tiene potencial, eso es evidente y las propias calificadoras lo reconocen año tras año. La tarea ahora es convertir esa fortaleza en más infraestructura, más proyectos y más capacidad productiva que permitan aprovechar las oportunidades que hoy tiene Guatemala.

La infraestructura quizá sea una de las formas más claras de medir el rumbo de una economía: más que promesas, ofrece resultados visibles. Y Guatemala, después de mucho tiempo, empieza a mostrar avances que no solo pueden anunciarse, también verse, medirse y aprovecharse.